Arturo Alejandro Muñoz – desde Coltauco

ES EL PROBLEMA MAYOR para el actual gabinete ministerial de la Presidenta Bachelet en materias de gobierno interior. La Región del Libertador O’Higgins se ha caracterizado por contar en estos últimos años con autoridades realmente ineficientes, cuando no torpes e ignorantes en asuntos administrativos relativos a sus especialidades. Todas ellas han sido nominadas por la mandataria a escucha de sus ‘orejeros’ regionales y asesores capitalinos, por lo que la responsabilidad de los errores recae finalmente en La Moneda… aunque ello moleste a ciertos dirigentes políticos que también llevan velas en este entierro.

Las equivocaciones –si es que así pueden ser definidas las inefables acciones- comenzaron en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el entonces diputado por el PPD, Esteban Valenzuela van Treek, pujó fuerte y exitosamente para imponer como candidato único de la Concertación a un conocido empresario pinochetista llevándolo finalmente a la alcaldía de una comuna rural. Esa persona perteneció a la UCC de Errázuriz (fue concejal apoyado por ese grupo) y se sabía que durante los primeros días de la dictadura militar colaboró con los agentes del estado pinochetista para detener a simpatizantes izquierdistas, muchos de los cuales fueron torturados en instalaciones del antiguo –y ya desaparecido- Regimiento Lautaro, en Rancagua. La izquierda de la Sexta Región no le perdona a Valenzuela van Treek esa maniobra, mientras que la derecha regional tampoco coloca fichas apostando por su continuidad en el Congreso Nacional o en la administración pública.

Luego vino el ‘caso coimas’, producto del escándalo de corrupción ocurrido en algunas Plantas de Revisión Técnica y en la inefable ‘Escuela Siglo XXI’, que se dedicaba a capacitar a conductores de camiones y buses para que obtuvieran –dolosamente en muchos casos- licencias de conducir clase ‘A’. En ambos escándalos hubo parlamentarios involucrados, como fue el caso de Jaime Jiménez, Cristián Pareto, Víctor Manuel Rebolledo y Juan Pablo Letelier, aunque este último fue prontamente declarado inocente por el tribunal. También aparecieron comprometidos algunos empresarios, como Carlos Filippi y Gabriel Álamo, además de ciertas autoridades locales, como el entonces Seremi de Transporte, Eric Leyton. Finalmente, el proceso alcanzó a autoridades del gobierno de Ricardo Lagos, específicamente a su entonces Subsecretario de Transporte, Patricio Tombolini quien, al parecer, terminó siendo ‘el pato de la boda’ en estos turbios asuntos que aún no cuentan con el fallo final de la Corte Suprema.

La hermosa y campesina comuna de Peumo ya había experimentado algunas sorpresas en materias políticas, pues el entonces Mandatario Ricardo Lagos hizo uso de sus facultades presidenciales y amnistió al ex alcalde Elías Cid –que estaba condenado por conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal- para que pudiese presentarse nuevamente como candidato a la jefatura edilicia peumina. Pocos meses más tarde, Elías Cid volvió a meterse en serios problemas y fue procesado, con lo que obviamente debió abandonar el sillón alcaldicio.

Una vez que Michelle Bachelet asumió como Presidenta, las fuerzas concertacionistas rancagüinas comenzaron a mover tentáculos a objeto de instalar en los más altos cargos regionales a sus principales protegidos, pero hubieron de aceptar que desde Santiago les enviasen a cuanto molesto sobrante quedaba por esos lados. Pero, ‘sobrantes’ fieles a la Concertación, de larga data y permanente trabajo político, aunque esa tal ‘fidelidad’ no se condijera precisamente con los valores progresistas que supuestamente deberían definir a las administraciones del bloque oficialista.

Los escándalos comenzaron a cobrar forma en Rancagua, y siempre estaba involucrada alguna de las nuevas autoridades. Chiledeportes, Chilecompra, Fosis, CORFO, Serviu, algunas Seremías e incluso más de una Gobernación y la propia Intendencia mostraron a los habitantes de la Sexta Región que la cosa marchaba mal…o simplemente no marchaba. Mejor dicho, que las regiones no eran preocupación fundamental ni secundaria para el gobierno de la doctora, pues esta dejaba a las provincias en manos de caudillejos que se habían asociado con empresarios -e incluso con ex pinochetistas- con el firme propósito de obtener ganancias económicas extras a través de actos de corruptela, amiguismo y prevaricaciones.

Muchos ciudadanos de la Región de O’Higgins sospechan que Michelle Bachelet envió –esperamos que ingenuamente- a Rancagua a una agente de la ANI (Agencia Nacional de Información) en calidad de Seremi de Gobierno. Se trata de la asistente social Ana Lía Carvajal, a quien alguna prensa (de Rancagua y de Valparaíso) mostró irrefutablemente como miembro de la ANI, vale decir, como informante de los actuales equipos de ‘inteligencia’ nacional. No es que ella ‘haya sido informante’, sino lo grave pareciera indicar que podría continuar siéndolo, puesto que en la ANI nadie ha dicho oficialmente que doña Ana Lía ya no pertenece a sus cuadros operativos, no obstante ocupar un alto cargo público. ¿Doble agente? ¿Doble sueldo?

En materias de Intendentes, la Concertación ha metido una y otra vez la pata hasta la rodilla. Para muestra un botón, o del lobo un pelo. Doña Michelle, a instancias de sus ‘orejeros’ locales, nominó a Héctor Leiva como Intendente. El señor Leiva procedía de CORFO, institución que debió abandonar dado que en su calidad de jefe regional fue sorprendido por Carabineros en estado de ebriedad conduciendo un vehículo de esa repartición. Leiva reconoció su error y dejó CORFO, pero prontamente fue premiado con el cargo de Intendente. Pasó por la jefatura del gobierno regional sin pena ni gloria. Tal cual usted leyó. Sin pena ni gloria.

Recién ha sido reemplazado por Héctor Huenchullán –un DC que es zorro correteado en asuntos políticos y públicos de esta Región- quien se encontró con tristes novedades apenas tomó asiento en la silla de la Intendencia. La ‘administración Leiva’ no dejó ni trabajó un solo proyecto de infraestructura en materias de educación para la Región durante el año 2006. ¿A qué se dedicó entonces don Héctor Leiva? Sólo Dios lo sabe…o quizá también pueda aportar algo al respecto la diputada DC Alejandra Sepúlveda, quien fue su más tozuda defensora en orden a imponer a Leiva como Intendente. Obviamente, Héctor Huenchullán solicitó de inmediato las renuncias de algunos Seremis, particularmente la de José Álvarez, en Educación, cuya gestión cayó más abajo de lo soportable. Ahora deberemos esperar para saber si Huenchullán lo hará mejor que sus antecesores, asunto que no es muy difícil de lograr ya que los Intendentes que hubo el año 2006 y 2007 brillaron por su incapacidad.

Y si centramos el interés en las alcaldías, la cosa empeora notoriamente. Ello obligaría a un artículo dedicado solamente a ciertos jefes municipales y a muchos concejales, pues los problemas de las comunas rurales son múltiples y nunca bien atendidos. Pero los ‘gatopardos’ de la política criolla –léase Alianza y Concertación- impedirán a todo costo que en materias municipales pueda haber cambios sustantivos en la legislación actual, la que permite candidatear a cualquier persona que desea ser alcalde o concejal exigiéndole solamente saber leer y escribir. A la Concertación y a la Alianza les conviene que la ley siga como está, pues en muchas comunas de la región del Libertador sus principales mecenas son individuos enriquecidos económicamente, pero ignorantes a nivel de entes iletrados, y en ciertos casos son privilegiados por sus ‘socios’ partidistas para ocupar sillones alcaldicios. Lo mismo sucede con varios militantes ‘de cola pelá’ que siempre están figurando en los listados de postulantes a cualquier cargo público, especialmente en comunas pequeñas.

Los parlamentarios no sólo aceptan estas situaciones, sino que las defienden a brazo partido ya que ellas les permiten ‘manejar’ a su amaño el nombramiento de algunas personas en ciertos cargos públicos, pagando favores políticos o ‘devolviendo’ plata –por ese medio- a quienes les financiaron sus campañas. En la Sexta Región todo ello ha alcanzado niveles de ignominia, pues cuando algún medio de prensa local –que no pertenezca al duopolio Emol/Copesa- da a conocer estas situaciones, surge el espíritu de cuerpo de diputados y senadores para intentar ahogar económica o judicialmente a ese medio informativo. E insisto en el término ‘medio informativo local’, pues si The Clinic, LUN, La Cuarta, Mega (recordar el programa C.Q.C.) o cualquier otro que se domicilie en Santiago es el que manifiesta severas (y a veces injuriosas) referencias a esos parlamentarios, ellos (nuestros diputados y senadores) hacen mutis por el foro y, en ocasiones, aplauden de alegría porque esos diarios y canales de televisión los mencionaron. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los yanaconas del capital transnacional?

La Sexta Región es ‘territorio oscuro’, zona apta para negociados, corruptelas, amiguismo, prevaricaciones, ‘pitutos’, francachelas y otros eventos cuestionables asociados al quehacer político porque en La Moneda todavía no entienden que es imprescindible escuchar –pero escuchar realmente- a la gente y satisfacer al menos sus más básicas aspiraciones en materias de administración pública.

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