Arturo Alejandro Muñoz
Desde Coltauco
EN PLENA DICTADURA, José Piñera –a la sazón Ministro de Minería- fue el encargado de elaborar la Ley Minera en la que -por propia confesión- introdujo una disposición transitoria en la Ley 18.097 que hacía desaparecer el Ministerio de Minería a los 90 días de que se publicase la ley o, en su defecto, facilitaba aún más le depredación de nuestros recursos minerales. Sin embargo, los militares de la dictadura rechazaron esta disposición por extravagante, injustificada y vergonzosa para un país con profunda y extensa tradición minera.
De inmediato comenzó el ‘lobby’ de la empresa norteamericana Exxon para evitar que en la Constitución Política de Chile quedase plasmada la propiedad estatal de todas las minas ubicadas en nuestro territorio. Pinochet, en un principio, se opuso a la idea, pero la presión de los generales Frez y Danús le hizo comprometer sus oficios para adecuar la nueva Ley Minera a los intereses de Exxon.
En la oposición al régimen militar se encontraba en esa época el ex candidato presidencial Radomiro Tomic y otros líderes políticos que habían creado un Comando por la Defensa del Cobre para luchar contra las leyes mineras de José Piñera. Pero, el año 1980 se reunió el presidente de Exxon con Pinochet y el lobby norteamericano impuso sus intereses por sobre los del país, aunque las empresas norteamericanas no creían que la nueva ley minera pudiese perdurar en el tiempo ya que Chile estaba pronto a realizar el Plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales al año siguiente, eventos que todos suponían sería ganado por la oposición a la dictadura. Estas razones hacían dudar a las transnacionales mineras, una de las cuales declaró al diario ‘Washington Post’ que sobre la mentada ley chilena “no necesitamos esta habilidad; la ley minera no puede asegurarla; es demasiado bueno para ser verdad”.
LOS ‘RENOVADOS’ DE LA CONCERTACIÓN ENTRAN AL JUEGO
Es indudable que el gobierno de Patricio Aylwin fue el responsable político de las modificaciones a la ley minera que permitieron el ingreso a destajo de intereses transnacionales para llevarse el cobre y no pagar un céntimo por las extracciones. En orden de precedencia los responsables de tales cambios tributarios fueron el Ministro de Hacienda de la época (Alejandro Foxley, hoy Ministro de Relaciones Exteriores), el Director Nacional de Impuestos Internos (Javier Etcheberry), y el Ministro Secretario General de la Presidencia (Edgardo Boenninger). Estos tres personajes son los responsables de que a partir del año 1990 las empresas mineras privadas no pagaran impuestos.

Las modificaciones fueron rápidamente aprobadas en el primer mes del gobierno de Aylwin. Resulta extraño que ningún dirigente concertacionista de esa época haya alzado la voz para detener la ignominia. El actual Código de Minería (Ley 18.248) no es más que la concretización detallada de los principios fundamentales de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (Ley 18.097), que le otorga garantías extraordinarias a cualquier persona que inscriba una concesión minera, incluso en terrenos agrícolas, turísticos y semi urbanos, aunque no se explote ni se verifique la existencia real de alguna sustancia mineral.
El golpe de gracia lo dio la propia Concertación el año 1993 al aprobar la Ley 19.207 que rebajó al 42% la invariabilidad tributaria del impuesto a la renta (que se había establecido en 49,5% en 1977 mediante el DL 1.748). Entonces, al rebajarse el impuesto a 42%, se incitó legalmente a que todas las empresas mineras se acogieran a la invariabilidad tributaria, salvo La Escondida y Mantos Blancos que son, precisamente, las dos únicas mineras extranjeras que han pagado impuestos. El Ministro de Economía que patrocinó esta rebaja de la invariabilidad del impuesto a la renta fue Carlos Ominami Pascual (hoy senador), junto al Ministro de Hacienda de la época, Alejandro Foxley, asistidos por Edgardo Boenninger. Es a ellos que se les debe preguntar si fueron sólo ‘razones técnicas’ las que justificaron en el año 1993, en pleno crecimiento económico, el haber adoptado disposiciones tan favorables a la inversión extranjera.
UN ROYALTY VERGONZOSO
A fines del año 2004, el gobierno de Ricardo Lagos presentó al Congreso Nacional un proyecto “Royalty II” que sólo iba a servir para que las empresas mineras, con todas sus artimañas y capacidades económicas, siguieran evadiendo y eludiendo los impuestos que jamás han pagado al fisco chileno.
Ese proyecto de “impuesto a las utilidades” –mal llamado Royalty- no representó lo que el país ha anhelado por años, ya que sólo se quiso conformar a la opinión pública cambiando este derecho de cobro a las mineras que extraen nuestro cobre, por un impuesto simple. Y como todos sabemos, las empresas siguieron no tributando en Chile y continuamos siendo un país pobre donde los derechos fundamentales en educación, salud, vivienda y trabajo permanecen como problemas severos para el 80% de los chilenos.
La empresa ‘Barrick Gold’ es el último referente de esta nueva época marcada por el apetito insaciable de inversionistas y usureros que han encontrado en Chile terreno fértil para cosechar frutos que nunca sembraron. Incluso más, las hijas del actual ministro del Interior, Belisario Velasco, son las relacionadoras públicas de esa empresa ante las autoridades gubernamentales, lo que en cualquier país civilizado significaría proceso judicial contra el ministro por abierto tráfico de influencias. Todos los dirigentes políticos saben esto, pero ninguno ha expresado su protesta oficial, legal y pública ante un hecho claramente repudiable e inmoral.
Merced a los cambios administrados por los gobiernos (desde Pinochet a Bachelet), gracias a los cuales el pago de impuestos y de royalty es inexistente en términos reales, las empresas privadas de la minería del cobre han sacado del país más de veintitrés mil millones de dólares como ganancia efectiva. Ni siquiera hemos recuperado dinero por pago de asesorías hechas en el extranjero (o por extranjeros en Chile) a empresas chilenas. Estas deben retener el 20% de impuesto adicional por tales asesorías y pagarlo al Estado. Ello se justifica porque esos profesionales extranjeros reciben ingresos de fuente chilena, pero el artículo 13 de la Ley 18.768, al permitir que esa retención se considere como pago provisional mensual, en la práctica significa que el Estado le devuelve el impuesto adicional del 20% a las empresas, impuesto que obligatoriamente deberían pagar los extranjeros que reciben rentas de fuentes chilenas.
Esta disposición no sólo es arbitraria, sino también inconstitucional, porque discrimina a los profesionales chilenos ya que la retención del 10% que se efectúa por los honorarios y asesorías efectuadas por profesionales criollos o extranjeros domiciliados en Chile, en ningún caso se les devuelve a las empresas que lo retuvieron. Toda esta discriminación atropella y viola el inciso primero de nuestra Constitución Política, que establece la no discriminación en materia económica por parte del estado, lo cual constituye razón suficiente para que los colegios profesionales (Ingenieros, Arquitectos, Abogados, etc.) puedan demandar la inaplicabilidad del artículo 13 de la Ley 18.768 a la Corte Suprema de Justicia.
Además, el número 20 del artículo 19 de nuestra Constitución señala que ‘los impuestos, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado’. Por lo tanto, no puede una Ley (como la 18.768) devolver o regalar estos impuestos a un cierto número de empresas por la sola consideración de que sean exportadoras, y que además son extranjeras. En los hechos fríos, ello quiere decir que las mineras extranjeras no solamente evaden el impuesto a la renta que les corresponde pagar, sino, para colmo de la ignominia, les ‘regalamos’ impuestos que constitucional y legítimamente pertenecen a todos los chilenos.
¿NUEVOS ‘RENOVADOS’ O SIMPLES MAYORDOMOS?
Capacitados y dirigidos por el ex ministro José Piñera, algunos insignes profesionales inversionistas que pertenecieron a la fenecida Unidad Popular, junto a otros pares que procedían de la Democracia Cristiana -todos ellos hijos de ejecutivos derechistas-volvieron al redil empresarial abominando en los hechos todo lo que habían propiciado y defendido hasta el año 1973.
Hoy, el empresariado transnacional –predador insaciable- no requiere a dictadores como Pinochet al mando de un gobierno para expoliar una nación….ni siquiera necesita a los derechistas de siempre….le basta con estos nuevos y ‘renovados’ líderes de la democracia más inefable del planeta, donde los actuales mayordomos concertacionistas son garantía plena para la preservación de los intereses de las mineras extranjeras. ¿A estos extraños especimenes de demócratas los elige el pueblo para que trabajen principalmente en beneficio de poderosos y extranjeros? Así lo creen ellos, y actúan en consecuencia.
¿No habrá llegado el momento de ‘nacionalizar’ nuevamente nuestro cobre? Soy consciente que proponer una nueva nacionalización del metal rojo provocará diarreas y soponcios a varios mayordomos instalados en el cuarto gobierno de la Concertación, especialmente a los ‘ayanquizados’ (y bien remunerados) dependientes de las transnacionales, apellidados Velasco y Poniachick, quienes pareciera que en importante medida siguen trabajando para los mismos intereses económicos extranjeros que los contrataron hace años en Estados Unidos.